TL;DR

• Audios atribuidos a Diego Spagnuolo, exjefe de la ANDIS y abogado cercano a Javier Milei, describen una trama de sobornos en compras de medicamentos que salpicaría a Karina Milei y, presuntamente, era conocida por el Presidente. La Justicia debe aclararlo.
• El Gobierno pasó de cinco días de silencio a culpar al kirchnerismo y luego a desmarcarse de Spagnuolo, al que ahora acusa de mentir.
• Según Trespuntozero (22–26 de agosto, 1.200 casos), la imagen negativa de Milei sube al 58,5%; el 57,9% lo responsabiliza por los presuntos sobornos y el 59,3% señala a su hermana. La corrupción ya es la principal preocupación social (44,5%).
• Las tensiones crecieron en la calle (agresiones en Lomas de Zamora) y el oficialismo afronta riesgo de abstención en las legislativas del 26 de octubre.
• Más allá del caso puntual, el escándalo expone un problema de fondo: el “libre mercado” llevado al extremo —con Estado mínimo, controles debilitados y externalización apresurada— crea zonas de impunidad donde la captura y el amiguismo prosperan.
• Si no se recomponen capacidades públicas, reglas de integridad y controles profesionales, el modelo seguirá produciendo incentivos para que lo público sea botín de lo privado.

Cuando el “mercado total” se come al Estado: lo que revela el escándalo Milei

El derrumbe de la imagen presidencial en Argentina no se explica solo por un audio más o un sondeo menos. Lo que hoy estalla en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) —una red de presuntos sobornos en la compra estatal de medicamentos— es el síntoma más visible de un problema estructural: un proyecto de “libre mercado” exacerbado que reduce el Estado a su esqueleto, desarma sus mecanismos de control y abre autopistas para la captura privada de recursos públicos. El caso, atribuido en origen a grabaciones de Diego Spagnuolo —hasta la semana pasada director de la ANDIS, amigo y abogado de Javier Milei— señala que Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, habría sido beneficiaria de ese esquema y que el propio Presidente estaba al tanto. Son acusaciones graves que deberán resolverse en tribunales con pruebas y garantías. Pero incluso antes del veredicto, el daño político ya está: el cisne negro de una campaña que pretendía ser plebiscito del “orden” de mercado terminó evidenciando su talón de Aquiles.

Durante cinco días, la Casa Rosada apostó por el silencio. Después, viró a la confrontación con un repertorio conocido: culpar al kirchnerismo de “generar caos”. Y finalmente soltó amarras con Spagnuolo, al que ahora tilda de mentiroso y promete denunciar. La coreografía es errática y revela otra cosa: un Gobierno que, frente a una crisis de integridad, gira entre relato y reacción, sin un protocolo institucional claro para aislar, auditar y esclarecer. En paralelo, en Lomas de Zamora la gira junto a José Luis Espert terminó en agresiones y retirada entre verduras y piedras; la virulencia callejera es termómetro del clima. Y los números acompañan la sensación: de acuerdo con la encuesta nacional de Trespuntozero (22–26 de agosto, 1.200 casos), el 57,9% responsabiliza a Javier Milei por los presuntos sobornos y el 59,3% a su hermana; la imagen negativa del Presidente trepa al 58,5%, con un deterioro de 12 puntos en un mes y un diferencial de –18,7 respecto de la positiva. La corrupción, con un salto de casi quince puntos, pasa a liderar las preocupaciones (44,5%), por encima de pobreza e inseguridad. El dato emocional es consistente: 59,8% declara enojo, tristeza o miedo; 39% sensaciones positivas.

Los hechos (hasta ahora)

Las grabaciones difundidas en un canal de Internet —cuya autenticidad y contexto deberán verificar peritos y jueces— pintan una supuesta red para direccionar compras de medicamentos en la ANDIS. En el corazón de cualquier esquema de salud pública hay licitaciones, padrones de beneficiarios, validaciones médicas y controles presupuestarios. Si esas válvulas fallan, el circuito se vuelve perfecto para inflar precios, derivar contratos y cobrar retornos. Spagnuolo, ahora exfuncionario y amigo del Presidente, no es un personaje periférico: su proximidad con el poder hace más espinoso el dossier. La reacción oficial transitó tres estaciones: silencio, acusación a la oposición y ruptura con el protagonista de los audios, a quien Milei dice ahora que denunciará. La secuencia no despeja dudas, porque nada sustituye a una investigación con documentación, trazabilidad de decisiones y seguimiento financiero.

En la arista política, la encuesta de Trespuntozero detecta pérdidas de apoyo en todas las edades y, con especial fuerza, entre quienes tienen estudios universitarios y en el interior del país. Para Shila Vilker, directora de la consultora, el caso Spagnuolo se monta sobre una curva descendente por otros dos factores: el veto al aumento a jubilados y el nerviosismo económico ante el dólar y su potencial traspaso a precios. En esa misma línea, el antecedente de la criptomoneda $LIBRA —que en febrero salpicó también a Karina Milei— habría pesado menos que la inflación en la caída de aprobación. Con todo, la comisión investigadora sobre $LIBRA en el Congreso desbloqueó su parálisis y sesionará cada martes hasta el 10 de noviembre. Y hay otro indicador inquietante para el oficialismo: una porción de votantes de Milei y de Patricia Bullrich duda de volver a apoyar, y crece la probabilidad de abstención de cara a las legislativas del 26 de octubre.

Del caso a la causa: por qué el “estado mínimo” es un riesgo máximo en compras sensibles

Detrás del ruido hay una pregunta de diseño institucional. ¿Qué ocurre cuando se postula un Estado reducido a su “núcleo duro” y se venera la eficiencia del mercado como principio único? Ocurre que los resortes que sostienen la integridad —auditorías internas, áreas de control, protocolos de compras, servicios jurídicos robustos, carreras administrativas profesionales— se ven como “grasa”. Se recortan, se externalizan o se subordinan a lógicas de lealtad personal. Con menos funcionarios formados y peor pagados, con oficinas vaciadas y controles convertidos en trámite, la asimetría entre el Estado y los contratistas privados se dispara. La economía política tiene nombre para eso: captura regulatoria y captura del presupuesto.

Las compras públicas de medicamentos, prótesis y tratamientos para personas con discapacidad no son un mercado cualquiera. Son oligopsonios (pocos compradores públicos frente a proveedores especializados), con altísimo riesgo de colusión, barreras técnicas, urgencia sanitaria y fuerte asimetría informativa. Por eso los países serios blindan ese segmento con reglas más duras: catálogos únicos, auditoría concurrente, precios de referencia, prohibición de cambios ad hoc, “firma triple” para adjudicar, obligación de publicar bases de datos en abierto y trazabilidad hasta el paciente. El “libre mercado” entendido como desregulación + velocidad + discrecionalidad es la receta perfecta para producir lo contrario de la competencia: favoritismo, precio inflado y retornos en negro. De hecho, cuando el discurso oficial demoniza el control como “burocracia”, el mensaje que baja a la línea media es que los pasos de legalidad estorban; al primer grito de “motosierra”, muchos dejan de preguntar.

La paradoja anticasta: del dedo acusador al boomerang

La narrativa que llevó a La Libertad Avanza al poder se apoyó en la denuncia de “la casta” y en la promesa de barrer privilegios con “motosierra” y “licuadora”. Ese capital simbólico es potente: convierte el ajuste en épica moral. Pero es un arma de doble filo. Si el núcleo del relato es “purificar” la política, el primer resbalón ético genera decepción doble. Y si el núcleo operativo es achicar al Estado, el primer vacío de control retroalimenta la sospecha. El escándalo de la ANDIS encarna esa paradoja: una coalición que se define por su ascesis antiestablishment termina acusada de reproducir el peor vicio del establishment —usar el Estado para favorecer a los propios—. ¿Significa eso que el libre mercado causa corrupción? No de forma mecánica. Significa algo más incómodo: la combinación entre Estado débil y poder privado fuerte, sin árbitro creíble, multiplica los incentivos para que la “eficiencia” consista en atajos. Y esos atajos, en el mundo real, tienen nombre: amiguismo, puertas giratorias, retornos.

Los defensores más serios del mercado —incluidos clásicos liberales— entendieron siempre que el mercado no flota en el aire; necesita reglas, árbitros y sanciones. Sin marco, el resultado no es libertad sino dominación del más fuerte. El mileísmo, en su versión maximalista, confunde moralmente “lo público” con “lo político” y “lo político” con “lo corrupto”. Esa equivalencia ideal para demoler gasto termina, paradójicamente, desprotegiendo el único instrumento que puede disciplinar al capital cuando negocia con el erario: el Estado profesional y controlado por normas. Un Estado sin músculo administrativo queda a merced de quien conoce la letra chica. Y la letra chica es donde se esconde el margen.

Cómo se abren las grietas: mecanismos, incentivos y gente de confianza

Caso hipotético típico (que la Justicia deberá verificar o descartar en la ANDIS): 1) se concentra la decisión en pocos despachos, 2) se desplaza a los equipos técnicos o se los reemplaza por personal de confianza, 3) se invoca urgencia para compras directas o ampliaciones de objeto, 4) se arma un pliego “a medida” o se filtra información sensible a proveedores amigos, 5) se valida la entrega con controles laxos y 6) se justifican sobreprecios con excepciones sanitarias. Cada paso es, por sí, legal si se aplica con rigor y supervisión; la sumatoria sin contrapesos es una autopista. Y todo se vuelve más fácil si el “costo de integridad” —tiempos, papeles, auditorías— ha sido recortado por “ineficiente”.

La figura del “amigo de” es un clásico de la captura. No porque la amistad sea delito, sino porque acorta distancia entre el interés público y el privado. Cuando el máximo nivel de gobierno decide nombrar a confidentes personales en áreas sensibles, sin establecer cortafuegos y evaluaciones de idoneidad, de hecho traslada una cuota de poder público a una red particular. Si además el discurso desalienta el “funcionario de carrera” por “casta”, el equilibrio entre lealtad y profesionalidad se rompe. Esta historia —con nombres y fechas distintas— se ha repetido en latitudes y gobiernos de signos ideológicos diversos. Y siempre ocurre donde los controles se vuelven decorado.

Encuestas, ánimo social y la economía que no perdona

El dato frío de Trespuntozero —58,5% de imagen negativa; 57,9% atribuye responsabilidad a Milei; 59,3% a Karina Milei— importa menos por su decimal y más por su tendencia. Las últimas seis semanas muestran una tubería de malestar: veto a jubilados, dólar nervioso, inflación latente y ahora corrupción. Ese cóctel pega especialmente en segmentos educados y en el interior, lo que sugiere que no se trata solo de “círculo rojo” porteño. Que la corrupción haya trepado a primera preocupación (44,5%) por arriba de pobreza e inseguridad es el giro más relevante: señala que la sociedad no compra que la integridad sea un lujo de tiempos “normales”. Cuando caen las promesas de mejora económica, la vara ética sube; y cuando sube la vara ética, el costo de una crisis de integridad se multiplica.

En la dimensión electoral, el oficialismo se enfrenta a un riesgo más silencioso que el voto castigo: la abstención. Si, como anticipa la propia consultora, una porción del electorado “prestado” —votantes de Bullrich que migraron a Milei— empieza a dudar, la matemática de octubre puede tornarse áspera. La caravana accidentada en Lomas de Zamora, además, funciona como metáfora peligrosa: la calle es el escenario donde la erosión reputacional gana volumen y se viraliza. Espert en moto, Milei culpando al kirchnerismo de “operaciones sucias”, simpatizantes y detractores a gritos: el ruido es un imán de agenda, pero no de votos.

¿Es solo este gobierno? No. ¿Es sobre este modelo? También.

Sería ingenuo convertir la corrupción en un rasgo exclusivo de tal o cual signo político. No lo es. Pero también es tramposo fingir que el diseño institucional da lo mismo. Los modelos de “shock” que reducen capacidades estatales sin reconstruir un esqueleto de integridad terminan exportando decisiones públicas al mercado… sin árbitro. Y un partido antiestablishment que convierte el desprecio al Estado en identidad se coloca a sí mismo en una encerrona: necesita gestionar lo que desprecia. Cuando ese partido, además, encarga áreas críticas a “círculos de confianza” —en vez de fortalecer burocracias profesionales—, el camino al atajo es más corto. Lo que hoy se llama “escándalo Milei” es la versión argentina 2025 de un patrón global: austeridad + personalismo + desregulación = ventanas rotas.

Qué debería pasar ahora (y qué no pasará si todo sigue igual)

Primero, lo obvio: investigación judicial seria, peritajes sobre los audios, trazabilidad de compras, declaración de todos los involucrados y apertura de la información que sea legalmente publicable. Segundo, un protocolo administrativo inmediato: separar a funcionarios con conflicto de interés, auditar in situ procesos de licitación y pago, congelar adjudicaciones sospechosas y activar controles concurrentes externos (Sindicatura, Auditoría General, etc.). Tercero, reformas de integridad que no dependan del humor del turno:

• Profesionalización: concursos, escalas salariales competitivas y trayectoria protegida para áreas de compras y jurídicas.
• Trazabilidad abierta: publicar pliegos, ofertas, adjudicaciones, precios unitarios y entregas en tiempo real, en formato abierto.
• Reglas de conflicto de interés: enfriamiento para “puertas giratorias”, declaraciones patrimoniales auditadas y sanciones efectivas.
• Firma múltiple y matriz de riesgo: que las adquisiciones sensibles requieran más de una firma técnica y pasen por filtros automáticos de precio y proveedor.
• Canales de denuncia protegidos: whistleblowers con incentivos y resguardo.

Nada de esto es glamuroso ni tuiteable. Pero es lo que distingue un Estado que compra para su gente de una caja pagadora de favores.

El ángulo incómodo para el mileísmo

El mileísmo llegó prometiendo eficiencia por la vía de la motosierra. El caso ANDIS —si los tribunales confirman siquiera una fracción— dirá que la motosierra no corta la corrupción; le abre la puerta si se aplica sobre controles, no sobre privilegios. Afirmar que “el mercado” resolverá la asignación eficiente de bienes públicos es una ilusión contable: los mercados de salud, discapacidad y medicamentos no son mercados en sentido textbook. Tienen fallas graves y previsibles; requieren árbitro. Y ese árbitro es el Estado, no porque sea moralmente superior, sino porque es el único actor con mandato para regular el interés privado cuando ese interés cobra de fondos públicos. Sustituirlo por confianza en “gente propia” y menos papeles es, precisamente, la versión más torpe de lo que el mileísmo dice combatir: la casta.

Es posible que, desde el poder, se argumente que todo es “operación” y que no hay nada que ver. Esa estrategia puede recomponer ánimo entre convencidos, pero poco aporta frente a la población que mira recibos, precios, jubilaciones y ahora audios. Cuando la corrupción se instala como primera preocupación, el pedido social ya no es épica; es procedimiento. No se trata de discursos contra “los de atrás”; se trata de mostrar pliegos, precios, firmas y responsabilidades. Si el Gobierno cree en el mercado, debería empezar por creer en el mercado de ideas: la transparencia como competencia de relatos. Negarse a abrir la caja es, a estas alturas, una admisión política de derrota.

Epílogo: no es (solo) un caso; es un modelo

El caso Spagnuolo-Andis —audios, compras, amigos del Presidente— puede terminar en archivo o en condena; esa es tarea de la Justicia, no de esta columna. Lo que no puede terminar en archivo es la discusión de fondo: qué pasa cuando un proyecto de Estado mínimo toma el control del Estado real. Las teorías que demonizan la “burocracia” celebran la “eficiencia” hasta que llega el primer escándalo y descubren que lo único que separa un pliego limpio de un retorno es, precisamente, esa burocracia: técnica, lenta, aburrida y cara. Si se la destruye, lo público se vuelve zona liberada. Y en zona liberada, el mercado deja de ser competencia para convertirse en botín.

Ese es el problema subyacente que hoy aflora en la caída de la imagen presidencial y en el fastidio social: no es solo que alguien, presuntamente, haya cobrado. Es que se diseñó un sistema para que, si alguien quería cobrar, lo tuviera demasiado fácil. El mileísmo podrá insistir en que el Estado es el enemigo. Lo que el escándalo muestra, con toda su crudeza, es que sin un Estado capaz y controlado por reglas, el enemigo no tiene freno. Y cuando no hay freno, los que pagan son siempre los mismos: los que dependen del medicamento, de la prótesis, del turno, del presupuesto que alguien convirtió en negocio.

En octubre habrá elecciones y el veredicto ciudadano dirá si el “mercado total” obtiene una segunda oportunidad. Lo que la política debería entender hoy —oficialismo y oposición— es que la batalla no es entre capitalismo y socialismo, sino entre capitalismo con reglas e impunidad sin reglas. Si Argentina quiere un Estado más pequeño, que lo haga; pero que sea un Estado denso en integridad, profesional en compras, letal con la trampa e impermeable a los amigos del poder. Lo demás —los gritos, las motos, las piedras, los audios— es espuma. La corrupción, en cambio, es estructura. Y la estructura no se tuitea: se diseña.